Hay que meter en cana a periodistas por decreto

Del Estado y la Verdad

Tuve demasiado éxito editorial con la nota de la semana pasada como para pretender escribir una buena esta semana. Escuchar mi voz en la radio me llevó a un pico de narcicismo tribal intensificado por los saludos de familiares y amigos que oyeron la entrevista, por lo que, para bajar los humos, vamos a charlar un poco de la imperiosa necesidad política de meter en cana a periodistas por decreto.

Por si no estuvieron siguiendo los temas de estos días el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Millerianas, mejor conocido por su nom de guerre “Gordo Dan”, realizó amenazas creíbles e irrefutables al conjunto del periodismo nacional, arengando al gobierno a “mandarlos en cana por decreto como hizo Alfonsín” (sic). El otrora talibán de la incorrección política “Baby” Etchecopar, quien hasta hace unos años podía considerarse como el espíritu animal de los taxistas merqueros, no tuvo más opción que tomarse en serio la amenaza y dedicarle una editorial lagrimeante al tema. Más allá de las risas, el gobierno está llevando adelante una estrategia de desprestigio del periodismo tradicional. El cuarto poder, siempre tan valiente para cuidar los verdaderos intereses del país, está bajo ataque y como reciente integrante por diez minutos de uno de sus programas tengo que salir a defenderlo, o algo por el estilo. La pregunta entonces es: ¿por qué el gobierno ataca salvajemente a los nobles periodistas? Para esto tendremos que ponernos, perdonen la expresión, algo hobbesianos.

La Verdad perdida del Estado opresor

Una intuición que tengo respecto al criterio ordenador de los libertarios con respecto al Estado, que desarrollé en su aspecto monetario acá, es que ellos apuntan a reconstituir la autoridad de la palabra pública. La inflación no es otra cosa que la destrucción del símbolo de la palabra estatal, el principal elemento del “Estado presente” con el que los ciudadanos se encuentran día tras día. La destrucción de la relación entre Estado y Verdad que se operó durante los últimos veinte años fue casi total. La intervención de los organismos de estadísticas públicas, la persecución a periodistas, la voluntaria no aplicación de la justicia para quienes eran percibidos como “oprimidos por el sistema”, la partidización explícita del sistema de CyT y otras cuestiones eliminaron de la mente de casi todos los ciudadanos no adheridos a la ideología del Ancien Régime la mera noción de un vínculo entre el Estado argentino y la realidad subyacente a sus dictámenes. El Leviatán comenzó a ser visto como una bestia ciega, abultada, estúpida, que intentaba compensar su brutal ineficiencia con un conjunto cada vez creciente de leyes y regulaciones a cada nivel administrativo. La incapacidad para hacer valer estas nuevas normas cementaba aún más en quienes lidiaban con ellas el carácter impotente, risible, del Estado, cuya realidad más pura terminaban siendo sus funcionarios actuando en flagrante interés propio.

En este sentido, el Estado kirchnerista no se vivía como un Estado presente sino como una desaparición total del mismo para reducirse a oficinas actuando en interés propio o en el interés de quienes ocupaban sus cargos. La trascendencia de la nación fue dinamitada en millones de pequeñas corporaciones buscando desesperadamente hacerse con alguna renta expropiable a un sector privado ya de por sí raquítico. La legalidad de todo ese sistema dependía mucho más de un aparato incomprensible de pesos y contrapesos tribales que de la voluntad popular reunida en el Soberano. La elección de Milei se fundó, en buena medida, en el dinamitar este sistema demoesclerótico y en la reconstitución de la palabra y la autoridad del Estado.

Para esto no alcanza meramente con los objetivos económicos, aunque los mismos sean centrales, sino que es necesario tomar inventario de las capacidades reales de un Leviatán extendido en sus pretensiones al infinito y limitar en un primer momento su legalidad a esas capacidades. En concreto, que las leyes establecidas sean pocas pero se cumplan a rajatabla. Lo que no entienden los amantes de la sobrelegislación es que cada ley que se rompe impunemente es un insulto tanto al Estado como a quienes siguen la ley. Solo una vez llegado al punto en que esto suceda es que se puede volver a pensar en ampliar (o reducir) la legislación. Si bien nos centramos demasiado en las fases de la política económica, la primera fase del proyecto político libertario —que es precisamente esta reducción legal del Estado a su capacidad real para evitar su desprestigio constante— aún no ha terminado y requiere de un poder legislativo mayor.

Esta obsesión por que el Estado vuelva a estar conectado con la Verdad no es en lo absoluto menor ni accesoria, ya que es lo que le permite al mismo unificar la voluntad de sus ciudadanos en una sola y actuar, de esta forma, con la máxima eficiencia. Si la conciencia del ciudadano duda de la Verdad del Estado buscará por todos los medios desobedecer sus órdenes y rebelarse contra su autoridad. Es por esto que la autoridad de sus leyes y de sus cortes descansa fundamentalmente en esa conexión. Sin respeto por la ley ni por su ejecución un sistema económico moderno no puede funcionar en lo más mínimo, limitando en nuestro caso fuertemente el crecimiento a largo plazo de la economía y poniéndole un techo a la supervivencia de la revolución libertaria. La obsesión minarquista del Milei práctico, la imagen de la motosierra, pasa mucho más por restituir la efectividad de un Estado diezmado que por destruirlo. El sueño anarquista queda reservado para el infinito de la historia, para una sociedad con individuos perfectos moralmente.

Verité, liberté, acredité

Volviendo al tema de la semana, el rol del periodismo dentro de este esquema es actuar como aliado circunstancial ya sea del Estado, del Trabajo o del Capital para disputar la Verdad del presente y quedarse con un vuelto por su servicio. El poder que ostentaban para hacerse con este spread era el de la propiedad de los medios de distribución de información. Ahora bien, este privilegio basado en la distribución rápidamente se extendió hacia la producción misma de información y se convirtieron en verdaderas maquinarias de producción de sentido social. El Estado argentino, en su largo declive operativo, no pudo dar la batalla por la Verdad de forma efectiva y quedó reducido a comprar el silencio de quienes la poseían a través del financiamiento directo —vía pauta oficial o los famosos sobres— o indirecto —vía asegurarle negocios a las empresas propietarias de los medios. El periodismo se fue lentamente institucionalizando, de esta manera, como un poder extra oficial dentro del Estado, un organismo ajeno pero mezclado de forma indivisible con él que tenía independencia estratégica para intermediar entre los gobiernos, los jueces, los sindicatos y el Capital. El periodista se convirtió en la cara pública de este poder ubicuo, el educador por antonomasia del pueblo Soberano que, participando de todos los vicios que atravesaban al Estado, simulaba mantenerse ajeno a ellos mientras los denunciaba. Este proceso, sin embargo, embebió al cuarto poder de los vicios y las ineficiencias inherentes a los otros tres, dejándolo anquilosado, viejo, incapaz de interpelar a un mundo que empezó a escapársele por entre los dedos.

La falla estratégica en este sistema de poder vino con la inmediatez comunicacional posibilitada por las redes sociales. Si el periodismo llegó a hacerse con el cuasi monopolio de la generación de Verdad haciéndose con el control de los medios de su distribución, la democratización de la distribución de información que permiten las redes, eminentemente X, rompió con el fundamento de su poder. Se volvieron particularmente obsoletos sobre todo en lo que respecta a los segmentos de la audiencia más involucrados en la cosa pública por su radical ineficiencia operativa. Perdieron sin entenderlo la capacidad de moderar la agenda de la discusión social, la capacidad de establecer el marco argumental dentro del cual toda información subsecuente va a fluir. Esto les limita a su vez la posibilidad de generar hechos nuevos, de producir indignaciones y problemas, quedando de esta forma reducidos a meros actores privilegiados dentro del sistema. Tanto en Estados Unidos como acá, las redes le permitieron para bien o para mal no solo a los políticos bypasear el filtro periodístico, sino también a los ciudadanos poder discutir entre sí de forma pública sin tener que recurrir a los guardarrieles que los medios establecen, ampliando radicalmente para ambos lados la ventana de Overton.

Milei, siendo un fenómeno comunicacional que combina en buena medida redes con medios tradicionales, utiliza este nuevo statu quo para destruir el sistema heredado en favor de la autoridad estatal (o la suya propia como mesías-emperador, quién sabe). La eliminación de la pauta oficial, la confrontación abierta y pública con los multimedios y la amenaza farsesca —pues lo ridículo de la misma apunta a humillar a quienes se la toman en serio— de meter en prisión a periodistas por decreto van en esta línea. Como explica una cuenta atribuida al principal estratega oficial:

Este ataque a la prensa va en la dirección opuesta a la kirchnerista y la macrista. El problema que veían las gestiones anteriores era la insuficiente integración del sistema periodístico al Estado, mientras que el problema que encuentra esta gestión es la indebida delegación de tareas del Estado en el periodismo. La solución que proponen y llevan adelante es la separación de las instancias y la reconversión de la actividad periodística en una delegada al sector privado, incapaz de intercambiar coberturas favorables o silencios por favores. La producción de Verdad, sin embargo, quedará en el Estado.

Para esto no necesitan mandar en cana por decreto a ningún periodista, aunque no se privarán de hacerlo si los mismos violan la ley. Les basta con contestarles a cada minuto la Verdad y exponerlos en sus intentos, bastante vulgares, de volver a hacerse con el monopolio de la narrativa. Para esto no necesitan siquiera utilizar sus medios: no solo los funcionarios pueden expresarse directamente por redes, sino que sus principales ideólogos y estrategas bajan línea pública por allí. La opinión se ordena de forma abierta sin necesidad de los antiguos intermediarios, los cuales no pueden hacer nada al respecto. La gran ventaja que sigue teniendo el gobierno es que la enorme mayoría de la oposición está enamorada del viejo paradigma informacional, a pesar de decir odiarlo, y es incapaz de usar las redes para exprimir su potencial organizativo. La batalla aún no ha terminado, pero, a menos que medien acontecimientos externos o errores no forzados, el gobierno está mucho más encaminado a ganarla.

Fin

La inmediatez comunicacional dota al gobierno de un arma crucial a la hora de llevar adelante su plan de acción político. El desguace del entramado corporativo del Estado no podía ser llevado adelante con una población aterrorizada por una prensa inherentemente beneficiaria de ese entramado. La pereza intelectual del periodismo y su incapacidad para responder adecuadamente al cambio tecnológico les impide montar una defensa efectiva de sus intereses de grupo, quedándose cada día más a la deriva. La caída de las cajas primero de la Provincia de Buenos Aires y luego de la Ciudad de Buenos Aires terminarán de sellar el destino de un sistema obsoleto. Esto le va a dar al Estado un poder mucho mayor a la hora de determinar el contenido de la Verdad, aunque siempre limitado por la compleja topología de un ambiente comunicacional horizontal como el de las RRSS.