Principios informales de teoría política 3

El gobierno, el sufragio y los peligros de la democracia

Luego de unas cuantas semanas de contemplación, introspección y comunión con lo absoluto, vuelvo a la carga con otra edición de Principios Informales de Teoría política. En la primera entrega agotamos nuestra brevísima antropología filosófica, condición necesaria para decir algo medianamente interesante en el área, mientras que en la segunda dimos cierta explicación de la dinámica contemporánea de la historia, junto con las alianzas que explican el devenir de los Estados. A lo largo de esta edición y de las siguientes nos iremos aproximando cada vez más a la realidad, intentando adecuar nuestro fabuloso marco teórico a los siempre borrosos y esquivos acontecimientos. De todas formas por el momento seguimos aún muy lejos, en el cielo, contemplando las ideas. El centro de esta edición será desarrollar el problema de la forma del Estado contemporáneo. Para ello vamos a primero introducir el tema a través de la constitución teórica del Estado, explicar sus formas iniciales, desarrollar la modificación al marco teórico moderno que genera el Capital a través de la propiedad, definir los conceptos —tan odiados— de autoritarismo y populismo dentro de nuestra teoría y, por último, entender el rol y el sentido del sufragio dentro del sistema.

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8. Del gobierno

El problema central a la hora de pensar el gobierno de la cosa pública en la contemporaneidad es que el Estado vive en un estado de perpetua confusión respecto de lo que constituye su verdadera esencia. El Estado moderno existe como respuesta al intento de la Religión de ubicarse por sobre los intereses individuales-nacionales de los grupos humanos. Este intento se evidenciaba fundamentalmente como una pretensión hermenéutica de una o varias autoridades religiosas independiente del Estado, pretensión que buscaba imponerle al cuerpo político definiciones en torno al bien y el mal. Estas definiciones luego ordenarían la política pública, guiando los destinos comunes. Es así que esta imposición no es menor: hace a la esencia de la misión del Soberano. Permitir que un organismo ajeno a su control decida sobre su misión constituye una traición radical a los individuos que fundan su autoridad. Es así que un aspecto central de la soberanía, el alma del Estado moderno, es precisamente este monopolio hermenéutico del mal y del bien, solo juzgable por Dios en el más allá.

Este esquema funcionaba perfectamente cuando el opuesto dialéctico al Estado era la Religión, pero, con su caída y la consecuente individualización del mundo —tema que tratamos en la primera entrega—, la soberanía así comprendida dejó de ser efectiva. El Capital y el Trabajo, sus actuales rivales, le imponen, por su propia fuerza y verdad, restricciones a las pretensiones del Estado de determinar verdad y mentira, bien y mal. No puede ir contra las respectivas dignidades de estas instancias sin degenerar en el totalitarismo y, finalmente, colapsar sobre sí, cuestión también ajena a su misión de protección. La pregunta por el gobierno del Estado, entonces, se vuelve algo más compleja que la mera determinación prudencial del curso de acción óptimo para con sus ciudadanos y para con los otros Estados. Un gobernante tiene, ahora, que tomar en consideración los límites que la lógica del Capital y las demandas del Trabajo le imponen a sus necesidades políticas y determinaciones prudenciales. Una constitución bien informada debe tener estos elementos en cuenta so pena de degenerar rápidamente en un papel vacío, en tanto el esquema institucional al que da a luz se vuelve incapaz de contener las potentes fuerzas que operan en el presente.

Las formas clásicas y el Estado moderno

Las formas clásicas de gobierno, junto con la república, cobran nueva vida a la luz de estos fenómenos y deben ser reformuladas en sus principios más básicos. Recordemos las tres formas clásicas de gobierno: el gobierno de uno o la monarquía, el gobierno de muchos o la aristocracia, y el gobierno de todos o la democracia. Esta tríada original del sistema clásico fue primero reformulada a través del sistema cristiano del soberano como representante terrenal de la autoridad del Logos. La autoridad del príncipe solo era legítima en la medida en que era ratificada por la verdadera Iglesia. Con la modernidad, la relación fundante del orden político deja de ser la del monarca o el papa con Dios para pasar a ser la de la conciencia humana con Dios. La suma de los individuos, mediante su unión en un cuerpo político, constituye la instancia democrática que da autoridad a un legislativo uni o pluripersonal. Las formas clásicas vuelvan a entrar en juego cuando se debe determinar, dentro de esta instancia democrática inicial, universal y necesaria, qué individuo u órgano estará encargado de legislar dentro de la sociedad. Es así que, nuevamente, un legislador unipersonal implica una monarquía, un legislador pluripersonal una aristocracia y si las leyes son votadas por todos los miembros de una sociedad se vive en lo que tradicionalmente se conoce como democracia.

Esta última forma de gobierno es harto poco frecuente por lo impracticable del asunto, por lo que “democracia” en los Estados modernos suele referir mucho más a la recurrencia de esta instancia democrática fundante como origen de la legitimidad del Soberano en la forma de elecciones. Esta instancia inicial puede aparecer en escena regularmente, a través del voto al ejecutivo o al legislativo, pero no gobierna como tal. Ahora bien, incluso en aquellos Estados que no celebran elecciones regularmente, sean monárquicos u oligárquicos, el fundamento democrático/popular del poder político sigue estando allí. El consentimiento de los gobernados se asume a través de su aquiescencia cotidiana a los designios del Soberano, no habiendo demasiada diferencia entre esto y la celebración rutinaria de elecciones. En efecto, es común que los representantes traicionen por uno u otro motivo los intereses explícitos e implícitos de sus representados para pasar a defender únicamente los suyos o los de sus partidos. El voto por sí solo no da una noción de que quienes son electos por él sigan los designios del pueblo en mayor o menor medida que un Soberano no electo, por lo que la obediencia constante es el único y verdadero factor del que se deriva el consentimiento de los gobernados y, por tanto, la legitimidad. En todo caso las elecciones recurrentes sirven para evitar que el descontento popular con el Soberano estalle de forma violenta: son mucho más un mecanismo de regulación de la lucha de élites que uno de legitimación.

Modificación de las formas clásicas: Propiedad e individuo

El problema que queremos notar con este orden es su necesidad inevitable de lidiar con objeciones a lo absoluto de sus pretensiones legales por parte del Capital y el Trabajo, las cuales erosionan el núcleo del planteo moderno. La introducción de dos legalidades —en verdad dos aspectos de una misma legalidad, si somos estrictos— capaces de ponerle límites a las pretensiones totales del Estado no como una cuestión meramente prudencial, sino como un aspecto necesario de su supervivencia, cambia las bases del planteo moderno. En efecto, entre el Leviatán y Dios no había mediación alguna. El Estado era el único intérprete autorizado de la palabra divina, ninguna ley en el mundo podía hacerle frente a esta prerrogativa. En todo caso el pueblo, en situaciones extremas, podía tomar sobre sí la legitimidad que había cedido y rebelarse contra su mandato, pero siempre para volver a establecer un nuevo Soberano en su lugar. Hoy, en cambio, un Estado que se rebela contra la legalidad del Capital se condena a sí mismo a la miseria y la eventual desaparición, traicionando así sus principios básicos. Nótese que elijo hablar de leyes del Capital en lugar de leyes de la economía, ya que buena parte de la institucionalización de esta última implicó mucho más una justificación de las sobre extensiones del Estado que un intento legítimo por comprender las condiciones del crecimiento. No es demasiado extraño esto, en la medida en que es el Estado el que puso la cartera para financiar estas profundas investigaciones.

La constitución política debe, entonces, adaptarse a estas circunstancias si no quiere que el cuerpo público perezca. La constitución óptima para un pueblo será aquella que mejor le permita maniobrar estas tensiones sin naufragar en alguno de los excesos previamente mencionados. En este sentido, el punto de partida para ordenar correctamente un Estado pasa por la delimitación y protección de los derechos inalienables del individuo. Esto se debe a que la lógica del Capital es un subproducto de la individualización de la relación con Dios y, por tanto, no puede desarrollarse efectivamente sin que se desarrolle consigo el derecho del individuo.

La justificación moral de estos derechos, presente en Locke y Kant, dio paso rápidamente a una justificación de orden práctico que en verdad escondía el surgimiento de una nueva lógica fundante de la continuación del orden social. La propiedad, en un sentido amplio, es esta cristalización de la pretensión de desarrollo infinito que el individuo adquiere en el Estado moderno y, a través de ella, termina por excederlo. En efecto, la propiedad no es otra cosa más que la extensión de la individualidad, del alma humana, tanto sobre el mundo físico como sobre el mundo de los objetos jurídicos. Este punto final que el Estado se pone a sí mismo frente a la individualidad debe, sin embargo, ser mantenido y defendido por él, ya que es quien hace valer el carácter jurídico de estos derechos en el mundo. Esto le genera una pretensión legítima, en virtud de su carácter como asegurador, a interferir en la distribución de estos derechos si lo considerara necesario.

Los nuevos peligros del gobierno: autoritarismo y populismo

Esta tensión entre la moralidad de la propiedad individual y la realidad del Estado como brazo ejecutor de esa moralidad se resuelve en buena medida a través del Capital como lógica que hace coincidir la preservación de la moralidad con el interés genuino del Estado. La profundización del mundo de las propiedades, de la lucha entre los individuos por extender su control sobre los mundos físicos y jurídicos, solo es posible si el Estado reconoce que esta lucha no solo es compatible con su interés profundo sino que es inextricable del mismo. De no ser así, esta lucha constante estaría profundamente limitada por el peligro del Estado abalanzándose de forma definitiva sobre los triunfadores para perseguir sus intereses de corto plazo. La mera moralidad de la propiedad es una salvaguarda insuficiente en la medida en que siempre cederá ante lo imperativo de la necesidad que las circunstancias físicas le imponen al Estado. La preservación del todo siempre da excusas para el sacrificio de una u otra parte, más todavía cuando no existe un nervio real que le haga sentir el dolor de la pérdida a los hombres concretos que deciden sacrificarla. El funcionario no sufre cuando debe sacrificar la propiedad de un súbdito por el bien común.

La cuestión del gobierno pasa a convertirse entonces en la del mejor modo de preservar y expandir la propiedad, la individualidad de sus ciudadanos, sin que tampoco esta expansión termine destruyendo al Estado. Los peligros que enfrenta esta preservación tienen, por lo general, dos raíces. Por un lado, la avidez de los gobernantes por hacerse de rentas extraordinarias para acumular poder político en detrimento de la sustentabilidad a largo plazo del Estado. Por el otro, la afrenta que supone la extrema desigualdad al sentir popular, en la medida en que representa una diferencia que excede lo meramente material y se torna directamente ontológica, nobiliaria. Los Estados modernos no admiten en sí, sin que genere profundo malestar, diferencias de clase codificadas legalmente ya sea de forma explícita o implícita. El primero de los peligros puede ser llamado el peligro autoritario, mientras que el segundo puede ser llamado el peligro populista.

Del sufragio

Es así que quedan definidos de forma más estricta y propiamente los peligros autoritarios y populistas que enfrentan a las constituciones modernas. Es importante notar que estos dos peligros no son en un principio incompatibles entre sí: los movimientos autoritarios pueden tener componentes populistas y los movimientos populistas pueden tener componentes autoritarios. La diferencia fundamental recae en el origen del ataque a la propiedad y el consecuente fin de cada uno. Mientras el autoritarismo busca la estratificación social y la subordinación total de los derechos individuales al Estado, el populismo busca la igualación social absoluta y la subordinación total de los derechos individuales al principio moral de la igualdad. En lo que suelen coincidir ambos, fundamentalmente, es en los medios para llevar a cabo estos designios, que consisten en la ruptura del estado de derecho y la centralización del poder político.

No considero adecuado aplicar estas dos pulsiones, ya bastante extendidas aunque de forma poco rigurosa en la teoría política contemporánea, a Estados pre-modernos, en la medida en que las mismas solo cobran verdadero sentido existiendo la lógica del Capital. Anteriormente estos movimientos solo se enmarcaban dentro de la ciclicidad inherente a las formas de gobierno y no constituían necesariamente una amenaza a la polis, más aún, podían ser respuestas correctas frente a los desafíos de sus épocas. Las lecciones de la historia están mucho más para comprender cómo se llegó al presente que para repetir planes de acción concretos. En el presente, en cambio, estos dos peligros, estas dos tentaciones, envuelven constantemente a la escena política y son sin más nocivas para la supervivencia real del Estado. El gran problema estrictamente político del presente está dado por el hecho de que las herramientas para combatir a una nutren a la otra y viceversa.

Como dijimos antes, el origen democrático de la legitimidad del Estado moderno es independiente de la celebración regular de elecciones tal como las entendemos hoy día. En efecto, las elecciones se pueden comprender mucho mejor como el medio mediante el cual se balancea el gobierno entre estas dos pulsiones destructivas. En un pueblo ordenado y respetuoso de la individualidad ajena, las elecciones son un excelente mecanismo para juzgar de forma frecuente la prudencia económica de los gobiernos y tener la posibilidad de castigarlos por sus trasgresiones autoritarias. Las mismas se vuelven un plebiscito del desempeño político del Estado para hacerle frente a los problemas de la época y no llevan a una volatilidad esquizofrénica en términos de políticas públicas. Lo que permite esto es precisamente la fortaleza del sistema de la propiedad, alimentado a su vez por años de políticas orientadas, precisamente, a fortalecerlo. Paradójicamente, esta nutrición del sistema de la propiedad suele requerir de años de ausencia o disminución de los mecanismos electorales, en tanto estos últimos terminan empoderando a la pulsión populista que busca dar por tierra con el sistema. La expansión o retracción del elemento electoral en el gobierno de la cosa pública se convierte, entonces, en la principal herramienta para combatir ya sea el exceso de autoritarismo ya sea el exceso de populismo. Su bondad dependerá siempre del grado de educación y el estado del desarrollo de las fuerzas productivas en una nación.

La forma concreta de gobierno, es decir, la forma del poder legislativo, es bastante secundaria frente a este aspecto regulativo central de los Estados modernos. El componente electoral del legislador, es decir, la frecuencia de las elecciones, la determinación de los ciudadanos electores, los períodos de renovación de legislador(es), son las verdaderas variables a regular en el largo plazo de para poder conducir sabiamente la cosa pública. Las alianzas entre el Estado, el Trabajo y el Capital, pesan fuertemente sobre esta consideración electoral del gobierno, queriendo cada momento eternizarse en el poder al modificar la composición de los electores del Soberano. Como vimos antes, el triunfo definitivo de cualquiera de los tres no es más que la perdición de la sociedad en su conjunto. Por fortuna, incluso los electorados más armados siguen estando compuestos de seres humanos libres, capaces en el extremo de entender que los intereses de la sociedad en su conjunto y los suyos convergen cuando se pone en juego la supervivencia de la misma.

En definitiva, tanto el extremo de la inexistencia de electores, como el de la universalidad real del voto —que elijan los niños, los dementes, los animales y las plantas— implican desafíos graves a la preservación de un cuerpo político. El primero puede llevar muy fácilmente a un gobierno autoritario, enfrascado en usurpar la propiedad de sus ciudadanos y establecer un sistema de clases jurídicas para mantenerse en el poder, mientras que el segundo puede llevar muy fácilmente al populismo, a la usurpación disfrazada de redistribución extrema cuyo fin es la igualdad material absoluta, con la violencia a la naturaleza que ella implicaría. Es necesario aclarar una vez más que el autoritarismo y el populismo no refieren al grado de la extensión del padrón electoral sino al fin con el que se vulneran los derechos de propiedad de los ciudadanos. Es una cuestión de hechos de gobierno, no del criterio del mismo en relación a quiénes permitir votar.